Solo eran seres inferiores

El silencio grita la aceptación
el mundo aprueba la masacre
solo murieron seres ignorantes
viviendo una vida inferior
los responsables no enfrentaran juicios
no recibirán el titulo de asesinos
lavaran sus manos con la sangre de los naturales
y tomaran su sitio en la histora entre sus colegas.

Maria Fischinger

Los nuevos conquistadores - invasores

Necesito estas tierras
Mis derechos son los únicos que valen.
Mis necesidades son las únicas que interesan.




Alan García, El invasor y su evangelista



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Segun Mario Vargas Llosa...
La destrucción de las culturas nativas solo es un mito… crea racismo hablar de los indígena, solo hay que hablar de la pobreza.

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Claro que como pituco racista piensa el derecho de la cultura mas avanzada es indiscutible.

Aprenderemos?

Cuando dos naciones se enfrentan con disputas por el mismo territorio, la ley ampara al pueblo que estaba ya establecido en el territorio en disputa. Esta realidad no se aplica en latino América, ya que los descendientes de los conquistadores con un poco de mescla de sangre nativa pensamos que tenemos el derecho pleno e irrefutable al territorio y los pueblos nativos no tienen ningun derecho a sus territorios ancestrales.
He observado la vehemencia con que se acusa a los conquistadores por la destrucción de los pueblos nativos y también he visto la misma vehemencia en la misma persona cuando apunta lo ignorante y reto gradas que son las culturas nativas de hoy, lo que los descalifica a todo derecho sobre su territorio ancestral. Seguimos accionando de la misma manera que los usurpadores, invasores ibericos.
Vergüenza que no hemos crecido y no aprendemos del pasado.

María

Lima, 5 jun (EFE).- Los enfrentamientos entre indígenas y la policía peruana hoy en la región Amazonas, al norte de Perú, dejaron once policías y tres nativos muertos, según el reporte dado por el el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon. Seguir leyendo el arículo
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En una rueda de prensa, Simon explicó además que como resultado de estos disturbios hay 109 heridos ingresados en diversos hospitales de Amazonas, 19 de ellos por lesiones de bala.
Las cifras de indígenas muertos dadas por el Gobierno difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan unas 25 víctimas.
El primer ministro explicó que los primeros cinco policías que llegaron a la zona conocida como la "Curva del Diablo", a la altura del kilómetro 200 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, fueron asesinados con lanzas por los indígenas, quienes los despojaron de sus armas y luego presuntamente atacaron con ellas a otros uniformados.
Al menos uno de los cuerpos de los policías todavía no ha sido hallado, mientras que nueve féretros de los agentes muertos llegaron esta noche (local) a Lima.
Simon también señaló que 38 policías y 20 civiles fueron secuestrados por los nativos en una estación del oleoducto Norperuano, administrada por la estatal Petroperú, en cuyas inmediaciones se mantienen en protesta desde hace varias semanas.
"Hay una acción de fuerza sobre estos policías, pero pareciera que podría entablarse algún diálogo", dijo al respecto la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
La titular de la cartera afirmó, tras lamentar los decesos de los policías, que "ha existido un plan, instigación y un complot" en los hechos ocurridos en la jornada.
Simon reiteró que el Gobierno de Alan García mostró, "hasta la saciedad", voluntad de diálogo para solucionar los reclamos de las comunidades amazónicas en forma pacífica.
Sin embargo, el jefe del gabinete se quejó de que los líderes indígenas, representados por Alberto Pizango, engañaron a los nativos diciéndoles que les iban a quitar sus tierras y el agua, a raíz de la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo el año pasado.
En tal sentido, Simon justificó la intervención policial para despejar una carretera tomada por los nativos "para poner orden y disciplina en el país", que ya estaba sufriendo los efectos económicos de los bloqueos y toma de estaciones petroleras.
Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que se ha decretado el toque de queda en algunas localidades de Amazonas y que también se ha extendido la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en esa región.
"Somos respetuosos de los derechos humanos, pero el Estado tiene que recurrir a todos los instrumentos que le son permitidos para recuperar el orden", opinó Flores Aráoz.
De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, reportó que hay 36 personas detenidas en Bagua y otras 17 que han sido derivadas a la ciudad de Chiclayo.
Un representante de la fiscalía también fue secuestrado por los nativos por varias horas, informó Echaíz, pero ahora los magistrados trabajan en diversos puntos de Amazonas.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que los responsables de las radioemisoras de Bagua que han incitado abiertamente a la violencia serán sancionados.
La Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo hicieron un "clamoroso llamado a la serenidad" y demandaron que, "de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas".
"Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo", agregaron en un comunicado conjunto, que coincide con otros pronunciamientos hechos por diversas organizaciones no gubernamentales.

El Gobierno peruano advierte que pondrá orden tras el llamado a la insurgencia de los indígenas

hace 17 mins

Imprimir Lima, 15 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Yehude Simon, advirtió hoy de que el Estado adoptará las medidas necesarias para imponer el orden, tras el llamado a la insurgencia de la mayor asociación indígena amazónica, que protagoniza desde el 9 de abril protestas en las regiones selváticas contra varios decretos. Seguir leyendo el arículo
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El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, anunció en una rueda de prensa que se declara "a los pueblos (amazónicos) en insurgencia contra el Gobierno de Alan García", tras dar por roto el diálogo iniciado con el Ejecutivo el miércoles pasado.

El primer ministro consideró que la medida de los indígenas "no le hace daño al Gobierno ni al país, porque la Constitución prevé estos casos y hay que tomar las medidas que corresponden para poner orden", según citó la agencia oficial Andina.

Simon aseguró, desde la ciudad selvática de Tocache, que Pizango está buscando un "derramamiento de sangre" y "está poniendo en la guillotina a cientos de miles de nativos que quieren paz".

"Hasta el momento, el Estado ha actuado con mucha prudencia, sobre todo se ha agotado el diálogo, porque además hay que entender que el Ejecutivo no ha pateado el tablero", señaló el jefe del gabinete, quien advirtió que si ocurren hechos de violencia los responsables serán "el señor Pizango y los que estén detrás".

Por su lado, el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, manifestó a Andina que Pizango incurriría en el delito de rebelión contra el Estado peruano, una pena que se castiga con hasta 20 años de prisión, si logra que las comunidades se subleven.

Para el líder de Aidesep, el llamado a la insurgencia significa "desobedecer al Presidente", hacer obligatorias las leyes ancestrales en los territorios amazónicos y considerar como una agresión "a cualquier fuerza externa que pretenda ingresar" en esos territorios.

Esta medida de fuerza se justifica, según Pizango, porque el Ejecutivo arguye que es el Congreso, y no el Gobierno, el que debe derogar varios decretos que los indígenas consideran lesivos para sus intereses.

Aidesep y otras organizaciones han protagonizado en las últimas semanas diversas acciones de bloqueo de carreteras, ríos y hasta de aeropuertos provinciales, así como las operaciones de petroleras y energéticas, que han requerido la intervención de la policía o de la Marina de Guerra.

El Gobierno se niega a dar a los indígenas poder de decisión en la concesión de licencias para explorar y explotar petróleo y gas, con el argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado y de todos los peruanos, y no de las comunidades que allí viven.

Según los medios peruanos, las regiones amazónicas más remotas están sufriendo serios problemas de desabastecimiento debido a las movilizaciones, lo que está haciendo aumentar los precios de los alimentos y productos de primera necesidad.

Desde el pasado 9 de mayo, rige el estado de emergencia en varias localidades amazónicas de cuatro departamentos del este del país, una medida que también los indígenas piden que se levante.

LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD

Ilusión de vida,
flor naciente,
por desear instruirte
encontraste la muerte.
Nadie te llora.
los poetas siguen componiendo versos.
La notica de tu muerte
les es indiferente.
Su silencio proclama asentimiento.
Poco vale las vidas de unas niñas…
Aceptable es el envenenamiento masivo
a manos de tu propio pueblo.
Yo, su hermana lejana
lloro,
reclamo y
levanto mi voz solitaria pidiendo:
¡LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD!

Feliz dia del Trabajo

En le día internacional del trabajo
quiero saludar a todos mis hermanos
trabajadores, artesanos, obreros e intelectuales,
quiero decirles con el corazón en la mano
que no hay nada mas hermoso en la vida
que luchar día a día por ver grande
a nuestra querida tierra Peruana
a los trabajadores del Perú y del mundo
!Salud! por el primero de mayo
!Salud! por los mártires de Chicago.
!salud! por los caídos en defensa de las ocho horas de trabajo diario
Por Irene Salvador de Lino
Por nuestro camarada Pedro Huilca Tecse
y sobre todo por una buena legislación laboral en el Perú y el Mundo.

Julio Solorzano

http://juliosolorzano.blogspot.com/

http://sociedaddepoetas.iespana.es/

Esterilizaciones Forzadas en el Perú: Mujeres esperan justicia.

Aunque la impunidad bordea el delito de lesa humanidad

Por María Esther Mogollón*

Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por diversas mujeres y
organizaciones en estos años en el Perú, cobran especial significado en los esfuerzos de un
grupo de doce campesinas quechua hablantes de Anta. El mismo es un hecho emblemático
que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron
víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas. Como
se recuerda estas esterilizaciones forzadas fueron perpetradas durante 1996-2000, durante el
gobierno de Alberto Fujimori.
Después de investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia
debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la
Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura,
debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las
esterilizaciones forzadas. Previamente en enero de este año (2003) en el Congreso de la
República una Sub Comisión Especial, creada para revisar la Acusación Constitucional contra
Fujimori, dirigida por el Congresista del APRA Luis Gonzáles Posada y Luis Ibérico del FIM,
en tiempo récord y sin atender mayores evidencias, ni las denuncias de las víctimas,
desestimó la acusación Constitucional por genocidio contra Alberto Fujimori y dos de sus ex
ministros de Salud. Sólo quedaba la acusación penal contra otros implicados, que eran
funcionarios de la dictadura, pero los "peces gordos", estarían celebrando la impunidad.
Este crimen de lesa humanidad y las investigaciones referentes a ella, se dan en un marco de
enturbamiento debido a que los conservadores, como congresistas y el ex Ministro de Salud,
Fernando Carbone, usando el delito de esterilizaciones forzadas, intentan eliminar los
derechos sexuales y reproductivos de las personas y de otro lado, los rezagos del fujimorismo y
sus cómplices, hacen lo posible para quedar libres de culpa. Las víctimas son dejadas de lado
en esta discusión.
Antecedentes
La política de planificación familiar implementada desde 1996-2000 durante el gobierno del
dictador Alberto Fujimori fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de
derechos humanos de las mujeres, demostrando el desprecio por la vida de quien dirigió los
destinos del país .
En democracia, el Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las
esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados
profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cusco, Hilaria Supa. Los resultados se
dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que
enfatizaban en testimonios y las irregularidades en el Consentimiento Informado. El gobierno
de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud Fernando Carbone, (2001-2003) pidió
disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones
forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y
declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron ambigüedades de parte de
varias ONGs de mujeres que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998
posteriormente se silenciaron.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la Sub
Comisión de Salud, dirigida por el Congresista conservador, Dr. Héctor Chávez Chuchón. Esta
Comisión determinó la acusación Constitucional sobre Genocidio contra el expresidente
Fujimori, -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su "nacionalidad
japonesa"- y otros funcionarios. Chávez Chuchón, recomendó a la vez e injustamente, eliminar
el acceso a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)

Las esperanzas de justicia frente a la impunidad
Las investigaciones están hoy, en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente, aducen
falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son
claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la
ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del opus
dei; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de
la impunidad.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil. A 16 mil hombres, se les practicó
la vasectomía. La magnitud de las irregularidades no se ha precisado, pueden ser esas mismas
300 mil o menos. He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las
consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres
esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el
Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconocó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos
en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita
Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de
complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de
Alberto Fujimori. El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia
peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas,
CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de
Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV. Finalmente el 26 de agosto de
2003, el gobierno peruano ha cumplido con la entrega de la indemnización consistente en US$
109,000 a la familia de Mamérita. Falta aún lo relacionado a la mejora de los Programas de
Salud Reproductiva, en especial lo relativo a las AQV.
Entre las pocas organizaciones peruanas que acompañan actualmente a las campesinas de
Anta, se encuentra el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional),
ellas han referido que esta solución amistosa, es una buena noticia para quienes luchan contra
la impunidad en torno a esta injusta política de población aplicada. Señalan que continuarán su
accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo
toda la verdad sobre lo acontecido para lo cual hacen monitoreo a las investigaciones y
capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
La solución al caso de Mamérita Mestanza, abre las posibilidades a las investigaciones y a la
justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en especial a
quienes han venido denunciando lo que les pasó, aun a costa de amenazas, burlas, negación y
silencios cómplices, no sólo de funcionarios del gobierno fujimorista sino de instituciones
nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.
Las activistas de derechos humanos, que desean la verdad y justicia sobre todo lo sucedido,
frente al asomo de impunidad y a la lentitud de la justicia peruana, expresan que su lucha se
apoya en saber que este crimen de lesa humanidad no caduca.

*Périodista, feminista. Activista del MAM FUNDACIONAL.