Martes 7 de abril del 2009. Veinticinco años de cárcel para Alberto Fujimori. En el futuro podría ser celebrado como Día Internacional de los Derechos Humanos y la Justicia. Qué bueno y qué justo; una reparación a los muertos de Barrios Altos, La Cantuta y miles de otras víctimas del co-gobierno con Vladimiro Montesinos.
Ahora no hay que olvidar a Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, asesinado el 18 de Diciembre de 1992, según muchos indicios por órdenes de Alberto Fujimori, ejecutadas por el grupo Colina. Los antecedentes del caso apuntan en esa dirección, aunque con bastante lodo arrojado por la policía de entonces para confundir a la opinión pública.
Recordemos que la muerte de Huilca fue cometida por seis u ocho individuos que dispararon fusiles de corto y largo alcance, cuando el sindicalista estaba en su automóvil con su hija Flor, frente a su casa de Los Olivos. Los senderistas eran tan criminales como los Colina, pero la policía no registraba armas de ese tipo en su poder.
Poco después fueron detenidos media docena de sujetos de la secta de Abimael Guzmán, quienes al ser puestos frente a un tribunal militar admitieron sin más la comisión del crimen. Pero también es verdad que tiempo después lo negaron y surgieron las confesiones de Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo, dos agentes del SIN que responsabilizaron del asesinato al grupo Colina y a sus jefes militares.
Testigo es el congresista Jorge del Castillo, quien dirigió una comisión investigadora del crimen. En esa condición el dirigente aprista viajó hasta la cárcel de Yanamayo, donde obtuvo indicios razonables de lo que aquí recordamos
Memorex político
Tres de diciembre de 1992. Huilca y Fujimori se conocerían muy bien. Lo recuerdo y mantengo mis apuntes de aquel CADE -Conferencia Anual de Ejecutivos-, en Ica, cuando estuvieron frente a frente en el entonces Hotel de Turistas de la soleada ciudad. Allí el líder obrero le pidió en su cara que derogue los decretos anti- laborales que había dictado un año antes. Se refería al decreto legislativo 728, y al decreto 25593. El primero cambió las relaciones individuales de trabajo a favor de las empresas; el otro afectó la negociación colectiva y el derecho de huelga. Hablando como un estadista, Huilca propuso al auditorio de inversionistas un Acuerdo Nacional que devolviera los derechos laborales perdidos, a cambio de paz social. Hablaba por encima del gobierno.
La respuesta del japonés no pudo ser más grosera y agresiva. Habló con esa su vocecilla chillona y la altanería que siempre tuvo frente a los trabajadores: “El consenso ya lo hemos construido todos juntos desde 1990; poco a poco han surgido y siguen apareciendo las grandes estructuras sociales del verdadero Perú profundo”.
Para Fujimori el consenso consistía en pergueñar leyes en los sótanos del SIN, con Montesinos, Boloña o Camet y los abogados laboralistas que le enviaba la CONFIEP.
Luego levantó la mirada, miró hacia el público con el ceño fruncido y amenazó “Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales”. Huilca se limitó a sonreír; acusó recibo del mensaje.
El 5 de abril de 1992, Fujimori, Montesinos y Hermoza habían derribado la democracia, cerrado el Congreso, tomado el Poder Judicial, cancelado el Tribunal de Garantías Constitucionales y esa misma noche sus tropas entraban a los periódicos, radio emisoras y canales de televisión más importantes de Lima.
En mayo de ese mismo año, agentes del SIN secuestraron a dirigentes comunales del valle del Santa, en Chimbote; un mes después desaparecieron al periodista Pedro Yauri Bustamente, quien venía haciendo campaña radial por su imposible reaparición.
Aquellos días el clima político y sindical no podía ser peor. Fujimori se negaba a recibir a las delegaciones sindicales, consigna que sus ministros de Economía y de Trabajo cumplían al pie de la letra. Cerrados los caminos internos, la dirigencia de la CGTP, con Huilca a la cabeza, se dirigió a la sede limeña de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- para entregar sus demandas, que incluían denuncias contra Fujimori por la pérdida de sus derechos laborales.
Pero no solo eso. La Central también acusaba al régimen por la corrupta privatización parcial del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social –IPPS-, que bajo la conducción de Luis Castañeda Lossio comenzaba a mostrar sus más amargos frutos a los trabajadores.
Desde “La República” Huilca retó al japonés “¿Por qué nos tiene miedo señor Fujimori? ¿No dice que los sindicatos estamos de capa caída? Yo lo desafío a que me otorgue el permiso para realizar un mitin en la Plaza Dos de mayo y convocar a 200 mil trabajadores. Este es mi reto y le demostraré que ese mitin será el verdadero plebiscito del que tanto habla su dictadura”
El 21 de julio de ese año fue organizado a media caña un paro nacional de 24 horas y una movilización convocada por las cuatro centrales sindicales. Los trabajadores porfiaban en exigir diálogo entre el gobierno, los gremios y los partidos políticos.
Dueño del poder protegido por los tanques, el régimen siguió cambiando para mal la legislación laboral, mediante otros decretos emanados directamente de Palacio de Gobierno. En octubre el dictador limitó aún más las negociaciones colectivas.
Fue el puntillazo. El 15 de Diciembre de 1992 Pedro Huilca se puso a la cabeza de su última marcha, rodeado por miles de trabajadores, ambulantes, desocupados y jubilados. Hombres y mujeres se movilizaron para protestar.
A esas mismas horas los asesinos engrasaban sus fusiles.
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